El Tribunal Administrativo del Atlántico le dio a Invías un máximo de tres meses para llevar a cabo las audiencia públicas en las que debe explicar en detalle el cobro de la contribución de valorización en la vía Barranquilla - Cartagena - Circunvalar de la Prosperidad.

Así se puede leer en la medida cautelar que emitió el Tribunal en la que ordena suspender el cobro de este gravamen, tras admitir una acción popular presentada por el senador del Centro Democrático Carlos Meisel.

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Invias debe surtir el "subproceso" de socialización del cobro de esta contribución en la zona de influencia de la vía, es decir, Barranquilla, Cartagena, Santa Catalina, Puerto Colombia, Soledad, Juan de Acosta, Piojó, Galapa y Tubará.

En estas audiencias públicas Invías tiene que convocar a "todas las entidades públicas y privadas, organizaciones sociales, gremiales y a la ciudadanía afectada por el cobro del gravamen".

La finalidad será dar a conocer los criterios y elementos técnicos que definen la distribución y liquidación del cobro. Debe incluir elementos como estudios socioeconómicos, el método para calcular el beneficio individual, la zona de influencia, la capacidad de pago, la base gravable, así como cualquier otro aspecto relacionado con el cobro del tributo.

Para la convocatoria tendrá un plazo máximo de dos meses. 

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Además, el Tribunal ordenó a la entidad del orden nacional poner a disposición de los participantes en las audiencias medios impresos o digitales que permitan la consulta de la información que será socializada en las audiencias públicas, que deben ser presenciales, pero permitiendo la conexión remota.

También se estableció que después de que Invías cumpla con esta obligación, los siguientes dos meses estarán abiertos para que cualquier persona natural y jurídica interesada presente réplicas, alegaciones y observaciones a los estudios.

Por último, una vez finalice esta etapa, la entidad gubernamental tendrá dos meses más para elaborar el informe final sobre el desarrollo de estas audiencias y deberá pronunciarse de manera explícita sobre estas réplicas, alegaciones y observaciones.

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Teniendo en cuenta los tiempos establecidos en el pronunciamiento, el cobro de valorización podría no comenzar este año, puesto que la suspensión se mantiene hasta que haya una decisión de fondo.

Un cobro polémico

La decisión del Tribunal se da después de que la Procuraduría emitiera un concepto a favor de la suspensión.

Esta contribución ha generado un rechazo generalizado en el Atlántico y Bolívar, por lo que también está demandado ante el Consejo de Estado. 

Aunque el Gobierno ha manifestado que no afectará a los estratos 1, 2 y 3, las críticas han estado enfocadas en el estadio de la vía, puesto que el 65% de la obra no es doble calzada.

En el área de influencia de valorización hay cerca de 248 mil predios, sin embargo, 100 mil estarán exentos de pago.

El Gobierno Nacional espera recaudar $1.2 billones con esta contribución.